El 29 de mayo de 2005, poco antes del holandés, el pueblo francés rechazó por referéndum el llamado « Tratado constitucional » propuesto por la Unión Europea. Sin embargo a partir del 17 de junio del mismo año, el Consejo Europeo se lanzó en una operación de denegación que llevaría al Tratado de Lisboa, prácticamente similar al tratado constitucional, firmado en 2007 y ratificado sin consulta popular.
En cuanto a Francia, la denegación de la decisión del pueblo en 2005 representa un momento central en la mutación de nuestra República – organizada según los principios de una monarquía electiva, democrática y parlamentaria – hacía una gobernanza oligárquica.
Esta denegación vino después de haber abandonado el mandato presidencial de siete años para adoptar, en septiembre del 2000, el quinquenio que favorece la sucesión rápida de los equipos ministeriales bajo la dirección de un “Presidente de la República” que actúa en realidad como jefe de Gobierno.
Esta denegación vino después del paso al Euro que abandonó la política monetaria a órganos exteriores, fuera de todo control democrático.
Esta denegación precedió y anunció los textos por los cuales la gobernanza oligárquica se somete a obligaciones económicas y financieras que constituyen abandonos de soberanía: six pack, two pack, “semestre europeo”, Pacto Fiscal Europeo (PFE: formalmente Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria) de 2012.
Tuvimos múltiples ocasiones de aclarar y denunciar estos textos opacos, pero nada vale examinar las consecuencias de los métodos aplicados. Grecia en particular fue el laboratorio en el cual se experimentaron las terapias extremas elaboradas en Berlín, Frankfurt, Bruselas y Washington. Las devastaciones económicas y sociales que ellas causaron se observan, en distintos grados, en todos los países de Europa del Sur. A los efectos de estos tratamientos brutales se añaden las consecuencias, siempre negativas, de la globalización financiera y del libre comercio, los cuales llegaron a crear un estado de violencia generalizada.
Durante cada etapa del proceso iniciado en 2000, en Francia los jefes del Estado o del gobierno, tanto de derecha como de izquierda, hicieron causa común. Jacques Chirac y Lionel Jospin para el quinquenio y el Euro. Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac y François Hollande respecto al “Tratado constitucional”. Los dirigentes de la UMP (Unión por un Movimiento Popular- derecha) y el Partido Socialista con la ratificación del Tratado de Lisboa y del Pacto Fiscal Europeo adoptado en 2012 con la bendición del Patronato y de los bancos. Estos responsables representan perfectamente la oligarquía: un puñado de individuos que ejercen el poder a su beneficio y para el servicio de intereses privados.
La denegación del referéndum de 2005 representó un momento clave. De hecho, gracias a la aprobación posterior del Tratado de Lisboa y del PFE, el ejercicio de la realidad del poder por los oligarcas se hizo posible una vez abandonada toda idea de soberanía. La evolución de la República hacía la oligarquía – del Gobierno en vista del bien común hacía la gestión de los intereses privados – coincide con el abandono de la moneda, la cual es por definición un acto del poder soberano; con el abandono de nuestra soberanía nacional en los ámbitos esenciales y con la negación de la soberanía popular que está al principio de la democracia. Como consecuencia de no haber respetado la voluntad de los Franceses y de los Neerlandeses, expresada directamente por el sufragio universal en  2005, constatamos hoy que el Gobierno alemán, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea se permiten obligar al Gobierno griego, legítimo y legal, en renunciar al conjunto de su programa. Esto en nombre de estructuras “europeas” que por falta de Estado susceptible de aplicar sus principios, son extranjeras a la República, y además contrarias a la democracia ya que el principio de separación de los poderes se viola en todos los puntos del dispositivo establecido por los sucesivos tratados.
La reflexión según los conceptos de la filosofía política, el análisis jurídico y la simple observación de los acontecimientos políticos conducen a la misma conclusión: existe un vínculo esencial entre la República, la soberanía de la Nación – definida como colectividad histórica y jurídica – y la soberanía popular. Si este vínculo se deshace, quedan en peligro la seguridad nacional, la justicia social, las libertades públicas, la prosperidad colectiva y el bienestar individual. La cuestión del régimen político – monarquía electiva o real, régimen de Asamblea… – pierde todo sentido cuando se destruye la soberanía.
Tal no es el caso. En Francia, si bien la soberanía se encuentra olvida, abandonada, aún puede recobrarse en todas sus exigencias volviendo a la Declaración de 1789, al Preámbulo y a la Constitución de 1958. Son las condiciones políticas de esta recuperación que todavía faltan.
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Editorial del número 1080 de “Royaliste”